El Senado de Arizona aprobó este jueves 27 de febrero la ley SB-1164, conocida como AZ ICE Act, que obliga a las agencias del orden y entidades gubernamentales del estado a colaborar con las autoridades federales de inmigración. La medida, respaldada por la bancada republicana, busca alinear las políticas estatales con las prioridades migratorias del gobierno federal.
La iniciativa, impulsada por el presidente del Senado, Warren Petersen, prohíbe a ciudades, condados y otras entidades estatales adoptar políticas que limiten la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En caso de incumplimiento, los legisladores podrán solicitar una investigación al fiscal general de Arizona, lo que podría resultar en la suspensión de fondos estatales para las jurisdicciones afectadas.
El AZ ICE Act incluye disposiciones específicas para que los alguaciles de los condados y el Departamento de Correcciones cumplan con las solicitudes de detención de inmigrantes emitidas por ICE, asegurando que personas consideradas «inmigrantes criminales» no sean liberadas sin ser entregadas a las autoridades federales.
Aunque la propuesta fue celebrada por grupos como la Asociación de Alguaciles de Arizona, la gobernadora Katie Hobbs ha anunciado su intención de vetar cualquier ley que, en su opinión, ponga en riesgo los derechos, la economía o la seguridad de los habitantes del estado. Su postura contrasta con la de los republicanos, quienes defienden la medida como una herramienta esencial para combatir la inmigración irregular y fortalecer la seguridad pública.