La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó ayer jueves que el actual gobierno de Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años. La decisión solo implica que el programa se mantiene en vigencia, mas no que pueden ser admitidas nuevas aplicaciones.

El fallo ocurre tres días después que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revisara el programa sin tomar en cuenta las acciones legales que estén en manos de tribunales inferiores y un día después del despido de Sessions, uno de los principales opositores del programa.

Luego de que Sessions cancelara el programa en 2017, el gobierno de Trump le dio 30 días a los dreamers para que renovaran por última vez sus amparos. El presidente pidió además al Congreso que debatiera una legislación para dar una solución permanente a estos jóvenes en un plazo de seis meses. Ese tiempo pasó, pero los demócratas, los republicanos y la Casa Blanca no se pusieron de acuerdo.

La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno si no eliminaba el programa.

Pero cuatro meses después de la cancelación, el 9 de enero, una corte de California declaró ilegal la decisión de cancelarlo y ordenó que se restituyera, algo que fue ratificado por una segunda corte en Nueva York. Entonces fue puesto nuevamente en vigencia en los mismos términos en que se encontraba antes de la cancelación del fiscal general.

Pero el 24 de abril, una tercera corte federal, esta vez en Columbia, restituyó por completo la Acción Diferida y le dio 90 días al gobierno para que presentara evidencias adicionales que respaldaran su argumento para eliminar DACA. Advirtieron entonces que de no ampliar sus explicaciones, serían aceptadas nuevas aplicaciones.

El 17 de agosto, la misma corte eximió al gobierno de aceptar nuevas solicitudes después de que los demandantes —encabezados por la dreamer mexicana María Perales y Microsoft— decidieron no oponerse a la decisión anunciada por el Departamento de Justicia de no aceptar a nuevos inscritos.

El último fallo que se conoció sobre DACA ocurrió en Texas, en respuesta a una demanda entablada por el fiscal general del estado, Ken Paxton. El 30 de agosto el juez John Bates rechazó la petición para cancelar el programa y mantuvo vigente los fallos favorables a DACA. Permitió así que continuaran los procesos jurídicos entablados en otros tribunales.